La mayor dificultad para que el presupuesto
del Estado para 2013 sirva para salir de la crisis es que el prisma se sigue
poniendo en la administración pública y no en el conjunto de la economía. El
empeño, en arreglar el desfase en las cuentas de esa administración, no en
promover que el sistema productivo tire del carro.
Todo bien, me dirán, teniendo en cuenta que
Europa de facto nos tiene intervenidos desde hace ya más de un año y su mayor
exigencia, es la reducción de nuestro déficit público; es decir, la diferencia
entre lo que las arcas públicas ingresan y lo que gastan.
Todo bien, claro, si esta reducción
imprescindible y urgente del déficit se asentara sobre los pilares de la
reducción del gasto. Pero no es esto lo que ocurre. Y no ocurre, porque en este
país es casi imposible que eso pueda suceder o que ningún gobierno asuma los
riesgos electorales que a corto plazo supone rebajar el gasto público en
cualquier área o servicio público. En España siempre hay unas elecciones a la
vista y a los resultados de todas las elecciones, se les hace lectura nacional.
En España, además, tiene mala prensa
intentar que la prestación de los servicios públicos sea más barata. La
izquierda ganó hace tiempo la batalla del lenguaje político en los medios y en
la calle. Así pues, parece imposible que pueda calar el mensaje de que el mejor
servicio no tiene por qué ser el servicio más caro.
Da igual que hablemos de los servicios
básicos y más importantes, como la educación, la sanidad o la justicia o de los
más superfluos y prescindibles. Una cosa es la calidad final del servicio que
recibe el ciudadano y otra muy distinta el coste que se debe a la gestión del
mismo (burocracia, ineficiencias del sistema, gastos multiplicados por 17
o mangoneos y demás). Reducir partidas presupuestarias es tabú, así que
como siempre –salvo con el primer gobierno Aznar, en menor medida con el
segundo, y en Madrid con los de Aguirre- se empeñan en endosarnos los ajustes
por la vía de las subidas de impuestos, con las que quitan recursos a la
sociedad productiva, matan la actividad, generan paro y al final recaudan
menos.
Cuando una familia o una empresa gastan más
de lo que ingresan se aprietan el cinturón. De entrada reducen sus gastos.
Cuando es el Estado, en lugar de hacer lo mismo, raramente resiste la tentación
de apretar el nuestro. En contra de sus principios eso es lo que hasta ahora ha
hecho este Gobierno. Básicamente, seguir con lo del anterior.
Montoro intenta explicarnos los
presupuestos más complicados de los últimos años. Hay que aplaudir su esfuerzo
por convencernos aunque no todo lo que haya expuesto sea verdad, se centre en
medidas nítidamente socialdemócratas, y el Partido Popular desaproveche la
mejor ocasión para hacer la reforma estructural de corte liberal que nuestra economía,
nuestra sociedad y nuestro futuro necesitan.