Cuando no hay política queda la propaganda

Podríamos acudir a cualquier otra cita electoral o fijarnos en el devenir diario de esa actividad política que todo lo copa, como cada semana hubiera elecciones o como si los partidos nos dejaran decidir sobre algo, o mejor dicho, como si nos dejaran influir en sus decisiones los grupitos que en cada momento dominan esos partidos, monolíticos, cerrados y que con frecuencia destacan por una homogeneidad que de no ser en la mediocridad sería digna de halago.

Como lo tenemos a vista reciente, podemos centrarnos en la campaña electoral que nos ha traído hasta las elecciones gallegas que hoy se celebran. En un par de momentos, lamentablemente estelares, que definen cómo van quedando menos política y políticos y extiende más su dominio la mancha de la propaganda mala y barata, de las estrategias de laboratorio, cada vez más tácticas y menos estratégicas y el millón de políticos y periodistas repitiendo los mismos mantras con las mismas ideas, palabras clonadas y asuntos que pasan de estar de actualidad absoluta a no volverse a hablar de ellos de un día para otro. Con ello nos manipulan, nos dirigen, nos mantienen entretenidos y a continuación a otra cosa, mariposa.

¿Alguien se acuerda de la crisis ecológica que arrasaba las playas y los caladeros gallegos que pensábamos que eran de pescado y marisco y resulta que solo eran de votos? ¿Alguien recuerda el rostro compungido de políticos y corresponsales televisivos cogiendo en sus finas manos las bolitas de plástico que un contenedor caído al mar había dejado escapar? ¿Recuerdan a Yolanda Díaz en cuclillas sobre la arena de la playa pero vestida de domingo y tratando de recoger tres o cuatro de esos “pellets”? Cómo no conmocionarnos ante tanto dolor y drama si no habia programa de televisión o informativo que no le dedicara el protagonismo principal a este nuevo Prestige? Y de repente alguien debió acordarse de que a diferencia de lo que ocurrió con aquel vertido de petróleo ahora solo votaban los que podían ver con sus propios ojos lo que ocurría y lo que no. Nunca más se volvió a hablar de pellets, de playas ni de atentado ecológico.

Feijóo y dirigentes populares comen un con un grupo de periodistas y entre comentarios más o menos informales, por torpeza, despiste, relajación o para minorar daños si otros dicen otras cosas, deja caer que la amnistía no cabe para los independentistas que cometieron delitos y que tampoco se dan ahora las condiciones para poder estudiar indultos pero eso podría darse una vez sean juzgados y condenados. Una extensa brigada mediática y todos los políticos del PSOE y allegados llenan ese fin de semana los titulares de prensa y las redes sociales con prácticamente las mismas exactas palabras, frases y aseveraciones, algunas de las cuales parece que nada tenían que ver con la realidad. El ruido estaba hecho. 

Que en uno y otro caso luego todo quede en nada da igual a unos y otros. A una polémica la sucederá otra y a esa otra más. Casi nadie se sale de su carril en uno u otro lado y, si eso es así generalizadamente y la propaganda sustituye a la política, me pregunto para qué tenemos tantos políticos que no piensan ni hablan por sí mismos.

Nuestros agricultores tienen razón y razones

Pocas veces una ola de protestas ha tenido y sentido un apoyo tan generalizado del conjunto de los ciudadanos como la actual de los agricultores en España. El propio martes, día más fuerte hasta en nuestra provincia, con cortes de carreteras y accesos a las ciudades en decenas de puntos, hasta los automovilistas atrapados y perjudicados mostraban, con carácter general, su comprensión y, en muchos casos el apoyo expreso, no solo a las reivindicaciones del sector sino a las propias acciones que unos estaban llevando a cabo y otros sufriendo en esa jornada.

Toda generalización es injusta y falsa, pero es lo cierto que la política agraria común de la Unión Europea y los grados en que esta se aplica en los diferentes países miembro, con sus diferentes características geográficas y económicas, se esfuerza más por promover el cese de la actividad agraria que en su modernización y competitividad. De ahí que, cuando la brigada mediática sincronizada que respalda al actual gobierno español y de él se alimenta, sale en tromba a atacar a los agricultores se quede, con su habitual simpleza de argumentario dictado, en decir que cómo se atreven a protestar contra quien les da las subvenciones con las que se compran esos “supertractores”, como si en lugar de una máquina de trabajo se tratara de un artículo de lujo.

Tienen razón y múltiples razones nuestros agricultores cuando protestan contra la discriminación que supone que la normativa asfixiante -por inmensa e intensa- que deben cumplir por formar parte del mercado europeo, no se exija al origen de los productos que cada día entran en nuestro territorio provenientes de otros países que, en algunos casos como por ejemplo los países magrebíes, se aprovechan además de dinero público español y europeo para sus explotaciones y para competir deslealmente con los productores españoles. Las tienen cuando las trabas administrativas cada vez son mayores y más engorrosas, fruto de una inflación burocrática generada por urbanitas en despachos alejados del mundo rural para tratar de controlar hasta el último detalle de su actividad. Toman al agricultor como a un enemigo del planeta y del medio ambiente y no como lo que son, la mejor garantía de sostenibilidad medioambiental.

Tienen razón cuando critican el afán por extender las instalaciones fotovoltaicas por terrenos fértiles tradicionalmente dedicados al cultivo. Y la tienen sobre todo cuando se oponen -y mucho han y hemos tardado el conjunto de ciudadanos- a esa vorágine absurda e histérica en la que Europa y el gobierno Sánchez de forma destacada, nos han metido de la dichosa Agenda 2030 que, salvo con un pin de colorines en la solapa de los prebostes del nuevo progreso, nadie ha explicado, consultado ni solicitado aprobación a quienes son los damnificados y paganinis de unas medidas con las que algunos se hacen fotos de relumbrón y otros se lo llevan en crudo.

Tienen pues, estas y otras muchas razones que no me caben aquí, nuestros agricultores.  Pero es que aunque no tuvieran toda la razón, en Zamora deberíamos seguir estando con ellos, porque toda la provincia somos mundo rural. Sin agricultura y ganadería no existimos. Así que sí, amigos del campo. ¡Adelante y gracias!

Por un puñado de euros. La ley ELA

Entre esas cosas de la política que uno no termina de entender nunca, la de la conocida aunque aún no nacida como Ley ELA, ocupa un puesto preponderante al que llevo tiempo siguiéndole la pista, dándole vueltas y tratando de informarme periódicamente.

La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es la tercera enfermedad degenerativa más frecuente tras el alzhéimer y el párkinson. Las neuronas que controlan los músculos del cuerpo se desgastan y mueren, dejando de comunicar mensajes a los músculos. Esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover brazos, piernas y cuerpo. El empeoramiento con el paso del tiempo es inevitable y, en su fase más grave, cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar sin ayuda mecánica. Deterioro físico que no suele afectar a los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, por lo que la capacidad de sentir y pensar permanece intacta durante los tres a cinco años de esperanza media de vida desde los primeros síntomas.

Una enfermedad especialmente cruel con aquellas personas a las que se les diagnostica, normalmente entre los 50 y los 70 años, sin cura ni tratamiento -aunque se van dando avances esperanzadores a medio y largo plazo con algunos medicamentos en prueba- y para la que, en enfermos muy avanzados, los costes de los cuidados asistenciales pueden suponer hasta cincuenta mil euros al año, costes que muy pocas personas y familias se pueden permitir por lo que en un dramático y escandaloso porcentaje a los pacientes, plenamente conscientes, solo se les brinda como salida la eutanasia.

Por ello, sorprende e indigna que nada más se haya hecho desde que hace casi dos años, a propuesta de Ciudadanos, el Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad de todos los grupos la tramitación de una ley que suponga el reconocimiento del 33% de grado de discapacidad desde su diagnóstico, atención preferente para que los pacientes cuenten con recursos técnicos y humanos especializados, la posibilidad de acogerse al bono eléctrico en los casos avanzados por necesitar ventilación mecánica y que se cubran las necesidades de un servicio domiciliario que garantice una atención especializada las 24 horas cuando sea preciso.

Dos años en los que la tramitación está paralizada por el gobierno y su grupo parlamentario. Esta semana, la ministra respondía al respecto -desconocimiento o mentira- diciendo que seguía avanzándose en su tramitación. Unos 5.000 enfermos, 700 casos diagnosticados anualmente, más o menos los mismos fallecimientos. No se comprende cuando se estima entre cuarenta y doscientos millones de euros el presupuesto anual necesario. Cuando el Ministerio de Derechos Sociales tiene un presupuesto de cinco mil cuatrocientos millones de euros y cuando partidas presupuestarias de muchos ministerios poco menos que fantasmagóricas o cuyo contenido es simplemente humo o mera ideología, superan con creces esa cuantía. Fea sociedad estamos construyendo cuando la publicidad, el despilfarro o las luchas ideológicas por mantener el poder pesan más que la dignidad en la vida y en las puertas de la muerte de cualquiera de nuestros ciudadanos y compatriotas, por un pequeño puñado de euros. No se entiende.