Estamos demasiado acostumbrados a lo contrario como para atreverme a poner este título a una columna, pero uno que es “entestao”, como decimos los sayagueses y mi amigo Cástor Novoa, se resiste a no seguir enervándose ante ciertas cuestiones.
A qué nivel de decadencia social y escombrera política, mediática y hasta -en ciertos ámbitos- jurídica, habremos llegado en España para que hasta con naturalidad hayamos integrado en el lenguaje cotidiano el debate sobre la, no solo posible sino probable, aprobación de una ley de amnistía “ad hominem”, es decir a la medida concreta de un fugado de la justicia y unos cuantos secuaces que aún no han sido juzgados y para los que, por lo tanto, no cabe el indulto.
Digan lo que digan y escriban lo que escriban ahora algunos juristas mercenarios, lo cierto es lo que hasta hace dos meses aseveraban tajantes, que no hay espacio para la amnistía en un Estado democrático de derecho. No lo hay porque eso es negar la propia legitimidad al régimen constitucional vigente y a todo su entramado legal e institucional que mantiene en pie la convivencia democrática y en libertad gracias a un sistema de pesos y contrapesos y, por supuesto, a la prohibición de la arbitrariedad, del capricho del dirigente, en suma. Es decir, lo que diferencia los regímenes democráticos (la soberanía reside en el pueblo) de los autocráticos (la soberanía reside en la santa voluntad del dictador de turno).
Omito mi opinión (por el momento) sobre las miríadas de políticos que sin más oficio ni beneficio que tocarle la flauta a su jefe o sobre los periodistas que reciben o aspiran a recibir de alguna de las mil maneras posibles unas migajas del fondo de los reptiles del que nos hablara Valle Inclán, nuestro genio del esperpento al que tanta gloria darían estos tiempos que vivimos. Pero si quienes de una manera u otra habitamos la esfera de lo jurídico, admitiendo senderos para conceder amnistías, negamos la legitimidad a nuestro régimen, no cabe más que ir a un proceso constituyente que, de la ley a la ley, y por las vías que nítidamente fija nuestra Carta Magna, nos conduzca a ese otro régimen del que, sea el que sea, queramos dotarnos los españoles (juntos o en taifas).
El resto son pamplinas, monsergas y falacias que no son sino traición. Por eso se agradece y los engrandece, que desde la izquierda surjan voces valientes y sensatas que digan que no todo vale a cualquier precio y que hay cosas que ni son gratis ni pueden serlo. Por una investidura no se puede dinamitar la base de nuestra pirámide institucional y social. Ni la España oficial ni la España real pueden estar al albur de francotiradores que lo que quieren precisamente es acabar con esas dos Españas, la institucional y la social.
Si Sánchez, el PSOE oficial y quienes están aún más a la izquierda están dispuestos a todo para evitar que nos pronunciemos todos en unas nuevas elecciones, tendremos que ser muchos los que nos pongamos enfrente para oponernos desde cada ámbito y que o no pueda hacerlo o no le salga gratis.
