He
de reconocer que mi confianza en la labor política del conjunto del Gobierno
Rajoy era ya de inicio muy superior a mi expectativa sobre la gestión del
nombrado por éste, ministro de Justicia. Pero he de reconocer también que
confiaba al menos en su capacidad y experiencia para interpretar las corrientes
de opinión ciudadanas y sin convertirse en un gran reformador de la Justicia,
al menos sí sería capaz de insuflar un cierto aire fresco e independiente en
algunas cuestiones de fondo.
Si en lo primero acerté aunque por poco, me equivoqué de plano en lo segundo, en lo que es una traición sin paliativos al programa y los principios inspiradores, quizás ya definitivamente abandonados, del Partido Popular. Ya sin entrar a valorar, una vez más la vergüenza por la forma de ejecutar y no evitar la sentencia de Estrasburgo sobre la Doctrina Parot que está llevando a las calles de nuestras ciudades a algunas de las mayores excrecencias de esta sociedad.
En
dos años no sólo no hemos visto ni una sola medida renovadora y regeneradora en
el ámbito de la Justicia sino que, como se ha consagrado esta semana con la
nueva designación de los vocales del Poder Judicial, el control político sigue
férreamente incrustado en los tuétanos de aquel Poder del Estado que
paradójicamente ha pasado de ser el que tenía que controlar a los otros dos,
Legislativo y Ejecutivo, a ser el controlado por ellos.
Esta semana, con la única excepción de UPyD, todas las demás fuerzas políticas se han metido de hoz y coz en el obsceno reparto de los puestos del órgano que rige y vela por nuestra Justicia y sus impartidores. Escudándose en una supuesta necesidad de trasladar el pluralismo parlamentario a este otro campo, seguimos manteniendo el sistema implantado por el gobierno de Felipe González y que torcía y tuerce el brazo a la Constitución al retirar a los jueces su prerrogativa de ser ellos quienes eligieran a los máximos representantes y pasándola a las sedes de los partidos políticos.
También cumplimos un año de la consumación del mayor atentado al que se suponía hasta entonces inalienable derecho al acceso a la Justicia en condiciones de igualdad. La aprobación de la Ley de Tasas es tan injusta para el administrado, sea éste persona física o jurídica, tan discriminatoria por razones económicas, tan arbitraria en defensa de la Administración frente al ciudadano, como injustificable desde el punto de vista de la acción política.
Lo
próximo, en lo que ya anda metido el ministro, es acabar con la labor de los Procuradores
de los Tribunales, bajo el argumento falaz de favorecer la competencia y
reducir los costes de acceso a la Justicia. Dos años malos y una semana fatal.
Mal balance y malos augurios para un partido que siempre prometió lo contrario
a lo que ahora está haciendo.