domingo, 12 de noviembre de 2023

En las instituciones, cada uno donde podamos y todos en la calle

 La libertad no es un regalo, la democracia no es el modo natural de organización de la convivencia y gobierno sino desde hace menos de dos siglos y aún hoy ni está generalizada ni exenta de riesgos de involución. A la igualdad solo se llega a través de las dos figuras anteriores. En torno a algo tan básico y a la vez tan profundo se construye gira y se desarrolla el Estado social y democrático de Derecho característico de las democracias liberales como la nuestra y las del mundo libre y democrático.

La Constitución del 78 lo fija así en su primer artículo que, por no ser nada original nos homologa con el resto de democracias europeas y occidentales, con las naciones que conforman el estadio más avanzado de civilización y dignidad reconocida a sus ciudadanos: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

El régimen del 78 nos ha permitido lograr el más largo periodo que España haya tenido de convivencia en paz, democracia e igualdad entre todos los españoles y, a diferencia de las constituciones de los Estados totalitarios o dictatoriales que pretenden escudar en el exceso de palabras la carencia de libertades y en la abundancia de leyes la ocultación del triunfo de la arbitrariedad sobre la prevalencia de la ley, contiene una redacción corta, medida, flexible en unas partes y muy firme en otras para permitir el tránsito de la dictadura a la democracia sin rupturas cruentas y su mantenimiento en el tiempo sin quedar desfasada. Aún así, contiene en su propio texto normativo los cauces para su reforma con amplios consensos cuando la sociedad así lo considere.

Todo eso salta por los aires cuando un grupo de mediocres metidos a políticos, medradores, desleales y mezquinos, deciden que la coyuntura de su continuidad en el ejercicio del poder tiene mayor peso que 45 años de vigencia constitucional y hacen saltar las costuras y las bisagras de nuestro Estado de Derecho. No porque como han hecho otros (Podemos, por ejemplo) esa haya sido su propuesta electoral sino porque tienen que optar entre volver a arriesgarse ante las urnas o prestarse al chantaje, la coacción y la indignidad de aquellos cuyo único objetivo es precisamente acabar con la Constitución, el régimen democrático basado en la soberanía del conjunto de la nación española y con España como nación pese a ser como tal, la más antigua de Europa.

Ante eso hay que plantarse. En las instituciones, cada uno donde pueda y todos en la calle, convoque quien convoque. Hoy, mañana y cada día. Es de Edmund Burke la frase: Para que triunfe el mal basta con que los buenos no hagan nada. Para que la traición y la ruptura se consumen, solo hace falta que usted y yo, zamoranos, no hagamos nada ante la traición de Sánchez en Madrid y de los cargos orgánicos y electos del socialismo zamorano que esconden la cabeza y no se oponen como lo están haciendo jueces, fiscales, letrados de la justicia, colegios y despachos de abogados, los más altos cuerpos de funcionarios del Estado como inspectores de Hacienda y de Trabajo, los policías y guardias civiles y tantos otros estamentos relevantes.


domingo, 5 de noviembre de 2023

Un sueldo no puede valerlo todo

 Dos billones y medio de pesetas habríamos dicho hace veinte años. Quince mil millones de Euros decimos hoy. Es lo que el resto de españoles, zamoranos incluidos, vascos y navarros excluidos, vamos a perdonarle, si se consuma la investidura del PSOE, a los políticos de la Comunidad Autónoma menos eficiente y más despilfarradora durante las últimas décadas. La Comunidad en la que los sueldos de políticos y altos cargos son, con diferencia, los más elevados no sólo en relación al resto de Comunidades sino al Gobierno central. La que menos ha atendido a los criterios europeos de contención del déficit. La que ha utilizado deslealmente sus recursos para ir en contra de los intereses de España, financiando para ello a medios de comunicación, embajadas en múltiples países y movimientos que han cometido centenares de actos vandálicos y de terrorismo. La Comunidad con representantes políticos y sociales que han insultado y menospreciado al resto de ciudadanos españoles y a buena parte de los que allí viven porque no tienen los apellidos de una de las 75 familias que desde hace doscientos años conforman, inamovibles, la “burguesía catalana”.

Sin conocerse aún la fórmula exacta que se va a aplicar para que parezca que al resto de las Comunidades se las trata parecido por el gobierno central, el diario El País, poco dudoso de anticatalán o antisocialista titulaba ayer: “Cataluña coparía un tercio de toda la condonación de la deuda autonómica”, lo cual, por evidencias pasadas nos debe llevar a pensar que será bastante más. Y eso solo en ese apartado concreto, porque la cesión del espacio ferroviario en ese territorio conllevará transferencias ingentes de dinero, así como el compromiso de financiarles la incorporación de otros 3.739 policías autonómicos mientras Guardia Civil y Policía Nacional sufren año tras año precarios presupuestos que ponen en riesgo su efectividad y hasta la seguridad personal de sus miembros, por otro lado, mucho peor pagados.

Sabiendo que esto es solo el primer paso, que dos semanas después de la investidura se negociarán las siguientes cantidades para la aprobación de los presupuestos de 2024 y cada voto independentista volverá a valer millones. Sabiendo que además se están atacando los principios básicos y fundamentales de nuestro sistema democrático y constitucional, con una amnistía que dinamita el régimen democrático instaurado con la vigente Constitución y que rompe con la división de poderes. Y sabiendo que ya se habla de un referéndum en el que solo los catalanes decidan lo que a todos los españoles nos incumbe, les pido al diputado nacional Antidio Fagúndez, al alcalde de Puebla de Sanabria y Senador (al que voté) José Fernández Blanco, a la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León Ana Sánchez, al subdelegado del Gobierno, al que tengo en grandísima consideración, Ángel Blanco, al Teniente de Alcalde David Gago y a todos y cada uno de los cargos del socialismo provincial, que se planteen si respaldar esta infamia jurídica, económica y de institucionalización de la desigualdad y contra la convivencia no es traicionar su responsabilidad para con Zamora y España. No es pedir que gobiernen otros, es no admitir cualquier precio para que gobierne Sánchez. O vayamos de nuevo a las urnas, con las cartas sobre la mesa.

(Vaya en paralelo y por delante mi afecto, mi respeto y mi sentir por el triste fallecimiento de Luciano Huerga en el día de ayer).