Paro(t)xismo

En términos médicos paroxismo es el agravamiento extremo de una enfermedad. A estas alturas pocas dudas pueden caber de que nuestro sistema de convivencia está aquejado de un severo cuadro clínico, nuestra democracia mucho más enferma de lo que quienes ocupan el estatus dirigente en lo político, lo económico y lo mediático quieren dejarnos ver.

En ese contexto, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot no supone más que la aparición de un nuevo brote de descomposición institucional y moral en nuestra sociedad. No por la sentencia en sí, por más que discutible que a algunos nos parezca su argumentación -como bien ha expuesto el ponente en su día de la sentencia que dio origen a la ahora cuestionada doctrina, no se puede condenar la misma basándose en el principio de la irretroactividad de la ley penal desfavorable para el reo, pues nunca hubo tal retroactividad pues nunca hubo cambio legislativo, sino simplemente cambio de criterio interpretativo jurisprudencial de la misma ley-, sino por la falta de reflejos del anterior y el actual Gobierno de España, cuando hace tiempo que se conocía por dónde iban a ir los tiros (frase hecha que no encaja mal en este asunto) del Tribunal y la penosa reacción política actual tras confirmarse los peores augurios.

Es cuestionable que las sentencias de tal Tribunal sean vinculantes para el Estado español, más allá de que su no cumplimiento pueda suponer una cierta reprobación moral (que hablando de lo que hablamos no parece sinceramente lo más importante). De hecho, sentencias ha habido del mismo Tribunal que han sido completamente obviadas (caso Rumasa por ejemplo). Y más que cuestionable es el automatismo que se le quiere otorgar frente a muchos otros presos condenados a cientos o miles de años por crímenes horrendos y repetidos, que pueden obtener ya una libertad para la que son un gran peligro. Claro que la ley penal es ideológica como lo es el criterio interpretativo que en cada momento histórico se sigue de cada precepto, por eso no cabe que el Gobierno se lave las manos ante el hecho de que sean los postulados más de izquierdas los dominantes.

Rajoy respondió que llovía mucho cuando le preguntaron su opinión, aunque ante la indignación de la calle y los votantes, ha ido variando su postura pública. Y esta misma semana se reunía en secreto con Rubalcaba, lo cual no hace sino acrecentar las sospechas de que la actuación del Gobierno viene determinada por una negociación oscura y siniestra con los terroristas por parte del PSOE y secundada por un PP que continúa perseverando concienzudamente en el divorcio entre sus dirigentes y su cuerpo electoral.

Todo ello exteriorización de un sistema enfermo, debilitado por la corrupción, falto de democracia y transparencia en sus instituciones vertebrales y huérfano de referentes éticos e institucionales. Razones más que suficientes para que España salga a la calle y no sólo en apoyo a las víctimas.

¿Un nuevo mapa parlamentario?

Empiezan a preguntarse los analistas si vamos hacia un fraccionamiento electoral que cambie en profundidad el escenario político. Es algo que está por verse pues nuestro sistema electoral, nacido de la necesidad de estabilidad institucional en los primeros momentos de la transición del franquismo a la democracia, es más propicio para un bipartidismo sólido que para la existencia de multitud de fuerzas políticas con peso equilibrado. Así se vio, cuando de las decenas de partidos que nacieron en los 70, la llamada sopa de letras por la multiplicidad de siglas, quedaron reducidos a un parco puñado y luego básicamente a dos.

El sistema, treinta y cinco años después de la aprobación de la Constitución, se ha demostrado exitoso para el fin que se proponía, la configuración de un sistema de alternancia entre un gran partido de izquierda y uno de derecha, por más que el campo de batalla a la hora de captar votos se instale en las zonas de intersección, es decir en el centro político. Ese sistema electoral que consagra la pervivencia del bipartidismo cuenta con una sola excepción, la que permite un resultado privilegiado para aquellos partidos que aún sin contar con un gran número de votos sí consigue sumarlos en un área geográfica reducida.

Es el caso de los nacionalistas catalanes y vascos y, en menor medida los gallegos, los canarios y en algunos momentos en el pasado los andalucistas. Todos ellos, con muchos menos votos que partidos nacionales como IU, consiguen una representación tan desproporcionada que han podido decidir quién ha de gobernar o cómo ha de hacerlo. De ahí al chantaje el paso es fácil, cómodo y casi inevitable.

En este momento, sin embargo, las cosas pueden empezar a ser distintas si la pujanza de UPyD según parece se va a mantener e incluso acrecentar, si IU y otras fórmulas a la izquierda como los ecologistas de Equo captan en forma de votos el descontento de amplios grupos sociales, si Mario Conde encuentra el camino y la forma de hacer creíble su discurso, si Ciudadanos se implantan en toda España ayudados por la simpatía que suscitan en buena parte del electorado por su actitud valiente y sin complejos frente al nacionalismo excluyente y frente a la desidia de PP y PSOE sólo guiados por sus intereses cortoplacistas o si Vidal Quadras y su plataforma Reconversión consiguen aunar a parte de los liderazgos marginados del PP en un proyecto potente.

Claro que nada de ello sería posible si no fuera por el hartazgo que se acrecienta frente a las actitudes y los modos de los partidos predominantes, a los escándalos que horadan todas y cada una de las paredes del edificio institucional español y a la crisis económica y el desempleo que exacerban la diferencia entre la indecencia de algunos manejos y la situación cotidiana de los ciudadanos.

De que ese cambio sea factible y en su caso lo sea para bien hablaremos otro día. 

El borrón de Soraya

Hasta el mejor maestro hace un borrón, decimos en España, tan cercanos como somos ya desde Cervantes a dichos y refranes. Lo fácil es el borrón, lo difícil llegar a maestro. Y de borrones está tan lleno el currículo de algunos de nuestros próceres que entre uno y otro apenas si se puede ver algo más que el cerco de tinta.

Tintas cargan contra la súper vicepresidenta Sáenz de Santamaría por sus declaraciones sobre los parados y el fraude o esas 500.000 infracciones detectadas entre los desempleados en las que daba a entender que uno de cada cinco perceptores de la prestación por desempleo lo habría hecho de forma indebida. Borrón porque el propio Gobierno ha tenido que desmentirse a sí mismo para afirmar que buena parte son simplemente defectos en la tramitación administrativa o infracciones leves que no dan lugar a la pérdida del derecho a seguir cobrando la prestación, sino sólo a una mera suspensión temporal en un momento concreto y determinado.

De modo que la portavoz ha tenido que tragarse el sapo de las críticas porque alguien le facilitó un equívoco informe o por una inadecuada forma de transmitir la información facilitada. Un borrón de la que se está mostrando como la mejor ministra del Gobierno Rajoy, por no decir que el único miembro del Gobierno que, sin llegar a ser Juana de Arco, está dando la cara ante el “carajal” económico-social-institucional en el que estamos enfangados.

En un país con una clase política e institucional (también los dirigentes sindicales y empresariales) en la que el más tonto (no para sí mismo) es el que hace los relojes, una clase política en la que como acaba de mostrar una encuesta, el 70% de los representantes públicos jamás ha trabajado en la actividad privada (sólo política y administración pública). En un país en el que no se ve un reducto libre del mangoneo, el nepotismo, la ineficiencia y el trinque. De los ERES de rendimiento bastardo milmillonario, de las normativas hipócritas y las financiaciones ilegales de los partidos que a veces, como las de los malhechores clásicos más bien parecen partidas.   En un país heredero en su código genético de los pícaros y los truhanes de nuestro siglo de oro, difícilmente puede obtenerse la condena social para quienes tratan de arañar unos euros para la supervivencia.

Soraya, aunque maestra, resbaló. Aunque todos sepamos que con seis millones reales de parados y muchos cientos de miles de familias de verdad sin ningún ingreso el “instalache” se habría desmoronado hace ya tiempo. Aunque todos conocemos a gente que nos está estafando porque cobra el paro mientras en realidad trabaja, lo que menos puede hacer una de las máximas responsables de un sistema que junto con la económica no intenta resolver la crisis de los principios constitucionales, es presumir de que se “caza” a los pequeños infractores mientras los “malayas”, “financiadores”, “corrutos” y compañía se ríen en nuestras narices.