Han tenido que llegar Sánchez y su inmoral aritmética para que en España dejemos de saber qué es el terrorismo. El mismo catálogo de actos que los dos partidos mayoritarios habían pactado catalogar indefectiblemente como terroristas, siguiendo criterios internacionales es hoy papel mojado, sometido a la redefinición que cada dos o tres días llevan a cabo Bolaños y sus brazos extendidos. Es tan surrealista, dantesco y escalofriante, el recorrido del PSOE para tratar de acomodar la realidad a los designios de los independentistas del aún hoy prófugo de la justicia Puigdemont, que uno se plantea si en el gobierno han perdido la razón y el sentido común, además del sentido de Estado. Las otras dos alternativas son peculiares.
Puede estar el gobierno socialista y de su apéndice Sumar extendiendo la alfombra roja a todas y cada una de las demandas independentistas a la espera tan solo de poder aprobar unos presupuestos que, siendo para 2024, le permitan cubrir sin grandes estragos, mediante la vía de la prórroga, 2025, para proceder a volver a las urnas en 2026, garantizándose de este modo casi tres años de legislatura. En este caso podríamos tener la esperanza de que aprobados esos presupuestos, todo este rollo inconstitucional de la amnistía empezara a desmoronarse como el castillo de naipes que es, solo sostenido por la falacia jurídica de Bolaños, la ausencia constatada de principio alguno que no sea el de la propia supervivencia de Sánchez y la desastrosa acción negociadora de ignorantes jurídicos como Santos Cerdán.
O puede estar Sánchez decidido a entregar todo y más, también en el País Vasco donde la presión independentista aumenta para la liberación por amnistía de los terroristas de ETA aún no excarcelados. Un entregar todo, convertido en un reinicio constitucional. Una segunda transición fuertemente sesgada hacia los postulados de la izquierda de corte sudamericano, republicanos y facilitadores de la disgregación territorial.
Las tres opciones son malas, parecen alarmistas y probablemente exageradas, pero si algo nos ha demostrado Sánchez desde 2018 y la política española en general desde 2004 es que la realidad ha ido evolucionando hacia los peores escenarios que en cada momento se atisbaban como posibles. Que a estas alturas, en el país europeo que más ha sufrido el terrorismo, con mil asesinatos, con un tercio de ellos sin resolver policial y judicialmente, desde el propio gobierno se dé pábulo a la posibilidad de amnistiar a cambio de un puñado de votos parlamentarios a encausados por los actos que nadie cuestionaba como terroristas, de los CDR y del Tsunami que decían democrático, nos indica que volvemos a avanzar hacia el peor de los escenarios que se nos pueda ocurrir.
El centro de Barcelona ardió durante días y días. Decenas de defensores del orden público y de la convivencia resultaron heridos, algunos con irreversible gravedad. Se produjeron estragos de todo tipo. Se asaltó el aeropuerto. Intentaron tomar una comisaría y linchar a quienes allí prestaban servicio. Pero ahora, no antes, nos dicen que eso no es terrorismo porque no solo los condenados por sedición o malversación de fondos públicos, sino también los encausados por terrorismo han de ser amnistiados para que Sánchez siga en La Moncloa.
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